El pago de cuota a la Sociedad de Autores y Compositores de Música por el uso de la misma; contar con servicios de uno o más sitios de taxi y cumplir con diversas normas de salud y ambientales son algunos de los cientos de puntos que exigen al menos 15 leyes y normas para abrir un restaurante, sin contar cafeterías ni bares.

Debido a la cantidad de requisitos ante delegaciones, estatales y federales, dueños y dirigentes de la industria restaurantera reconocen que inspectores los extorsionan y, al mismo tiempo, se da la colusión de autoridades con despachos a quienes tienen que contratar para que auditen sus establecimientos.

“Al ver todos los trámites que tenemos que seguir, en la Ciudad de México, no nos alcanzaría la vida para cumplir al 100 por ciento con ellos; siempre hay algo que te queda ahí, y ese algo automáticamente te genera un conflicto con la autoridad, que -finalmente- va a caer en un acto de corrupción”, dijo Francisco Mijares, presidente de la Asociación Mexicana de Restaurantes (AMR).

Hugo Vela, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, criticó que mientras en la capital del País toma hasta 9 meses abrir un restaurante, en Florida, EU, tanto la solicitud como el envío de documentos requeridos se hace por internet, luego el establecimiento está sujeto a una inspección de verificación, lo que tarda sólo 2 días.

“Antes los inspectores de la delegación nos sacaban dinero para no clausurarnos, pero desde que el ex Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, creó el Instituto Nacional de Verificación Administrativa (Invea) para quitar la corrupción y extorsión en las delegaciones, ahora los inspectores nos sacan dinero para no acusarnos con el Invea”, denunció Mijares.

El presidente de la AMR también asegura que el tema de las normas ambientales se ha convertido en un lastre.

“Con el tema ambiental, por ejemplo, el Gobierno del DF nos mandó una serie de requisitos, y para ello teníamos que contratar un despacho que nos cobraba 70 mil pesos por hacernos una auditoría, y la auditoría normalmente arrojaba que teníamos que hacer una inversión de 800 mil pesos en cambios para poder cumplir con esa Ley Ambiental que está muerta”, dijo Mijares.

José Antonio Sandoval, director ejecutivo de Regulación Económica de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, reconoció que en ocasiones la autoridad delegacional tarda en dar respuesta a las solicitudes de apertura de un restaurante.